No hay marcha atrás, se ha dado pistoletazo de salida hacia la privatización de la sanidad pública, un modelo que pese a lo que nos quieren hacer creer nunca ha sido gratuito y siempre lo hemos pagado con impuestos. Para muestra un botón. El plan iniciado por la Comunidad de Madrid que está defenestrando el modelo público, poniendo seriamente en riesgo la calidad asistencial y que en el momento de redactar estas líneas, mantiene en vilo a toda la sanidad madrileña, mediante paros, manifestaciones e intentos de infructíferos diálogos del colectivo médico con la Consejería de Salud. Mientras los pacientes son utilizados como rehenes quedando en la estacada miles de intervenciones pendientes.
Este es el peaje a pagar por entregar la sanidad pública a empresas privadas con ánimo de lucro y que se está haciendo extensible por toda España. La equidad se resquebraja de tal forma que los pacientes “no rentables” con patologías graves y costosas para el sector privado, serán descartados puesto que no son interesantes para su gestión. Por lo tanto, dado que la sanidad nos ocupamos todos de sufragarla, lo más correcto sería consultar entre personal sanitario y pacientes sobre la conveniencia de una decisión tan grave como es privatizarla. Cabe recordar que las empresas propietarias de dichos centros privados pagarán el alquiler con nuestros impuestos y obtendrán unos beneficios entre el 15 y el 25 % de lo invertido, de otro modo no lo harían.
El dilema es si es más beneficioso privatizarla o no. ¿Ahorro o negocio? Parece ser que las ventajas del formato privado es que no habrá esperas para consultas, se reducirá el tiempo para pruebas diagnósticas y los servicios de Urgencias no estarán colapsados. Pero por el contrario, si el paciente sufre una patología importante (según el criterio de funcionamiento del hospital), no se le atenderá, derivándole a un hospital público. El hospital de gestión privada no correrá con estos gastos, lo hará el gran hospital público. Este es el método que puso en marcha Esperanza Aguirre hace pocos años en los nuevos hospitales madrileños y que a partir de ahora, imperará en todos los hospitales españoles de gestión privada.
El problema es la falta de control por parte de las Administraciones Sanitarias. Lo que no debería ser permisible es que existan médicos con la bata en diferentes centros sanitarios, haciendo de su capa un sayo, y sin que nadie les fiscalice, deriven a sus propios pacientes de la pública a la privada donde también trabajan para poder lucrarse, puesto que en la segunda, los plazos de espera son más rápidos.
Pero lo susceptible de la privatización es que hipotecaremos nuestra salud en manos de empresas de capital de riesgo, que al mismo tiempo que son propietarios de una red de hospitales, por poner un ejemplo, también son dueños de empresas automovilísticas o bancos, por lo que al no ser un sector especializado dentro del marco sanitario, las consecuencias pueden ser terribles.
En resumidas cuentas, la sanidad pública y la sanidad privada son compatibles y complementarias. Ambas son necesarias. Pero la sanidad privada tiene que lograr su crédito en base a la buena calidad que ofrezca, no por la mala gestión de la pública. Nosotros lo que tenemos que defender es una sanidad pública de calidad y para todos, no utilizar la crisis como excusa para acelerar la privatización del sistema sanitario.
Fuente: Memoria 2012 de La Asociación El Defensor del Paciente
